La Plataforma contra la Morosidad cuestiona los datos de pago a proveedores aportados por Hacienda

En un comunicado, el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, asegura que el problema reside en un error en el cálculo que da lugar a plazos medios de pago "totalmente fuera de la realidad". "Estamos de acuerdo en que estos datos sean públicos, pero habría que concretar y referirse a éstos como plazo medio de pago excedido", indica.

Según Cañete, las administraciones no cuentan el tiempo transcurrido desde que se presta un servicio, se recibe una mercancía (tal y como establece la normativa europea) o se contabiliza una factura, sino que publican únicamente el dato del tiempo "que excede" de los 30 días que permite la ley.

Por tanto, cree que la estadística no ofrece un tiempo real y que no permite hablar de plazo medio de pago como tal. "La realidad es que los plazos de pago son muy superiores a las cifras que están dando", sostiene.

Por esta razón, al analizar los datos de Hacienda algunas entidades aparecen con cifras negativas, como la Diputación Provincial de Córdoba (-18,99 días), la ciudad de Segovia (-8,39 días) y la Comunidad Foral de Navarra (-1,15 días).

Por otro lado, Cañete resalta el descenso de las operaciones pagadas en enero de 2015 (-54,67%), mientras que las operaciones pendientes de pago sufrieron un incremento del 26,41% respecto a diciembre de 2014. "Nuevamente, tenemos indicios para sospechar que se están acumulando facturas pendientes de pago en las CC.AA.", afirma Cañete.

La PMcM ha elaborado un manifiesto que, de cumplirse las propuestas que contiene, "no sólo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores", sino que supondría un "compromiso político" que permitirá "no crear más trampas" para saltarse legalmente los plazos de pago.

Según el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago del sector privado pasó de 93 días en 2012 a 85 en 2013, frente a los 60 días que marca la ley. Por su parte, el período de pago del sector público mejoró en 30 días, reduciéndose de 141 días en 2012 a 111 en 2013, cifra que, aun así, casi cuadruplicaba el máximo legal (30 días).